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Radio Granada: La Junta prevé que la ley andaluza de inclusión social se apruebe a principios de 2010

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Mañana seguiremos informando...

Programa del miércoles 17 de junio de 2009

XIV EDICIÓN ESCUELA DE VERANO DE BIENESTAR ALMUÑÉCAR


Mañana miércoles, 17 de junio de 2008, a las 10 horas, la responsable de género de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, Patrocinio de las Heras, abrirá la tercera jornada de la Escuela de Bienestar con la conferencia “Evaluación y evolución del plan concertado de Prestaciones Básicas”. Presenta la conferencia la diputada de Centros Sociales, María Dolores Jiménez.

Día: miércoles, 17 de junio 2008

Hora: 10 horas

Lugar: Hotel Almuñécar Playa (Playa de San Cristóbal, s/n)

PROGRAMA miércoles 17


El papel de la economía social en la provisión de servicios a las personas se debatirá a partir de las 11,15 horas con la presencia del director de MACROSAD, Andrés Rodríguez. Presenta, el diputado provincial Pedro Jiménez.


A las 12,30 horas tendrá lugar la mesa redonda sobre el desarrollo de los servicios sociales comunitarios en Andalucía: fortalezas y debilidades. Intervendrán representantes de las diputaciones provinciales de Sevilla, Jaen y Córdoba, moderados por la diputada de Igualdad de Granada, Josefa Caballero.


Durante la tarde tendrán lugar los grupos de discusión, una iniciativa novedosa en la Escuela que tratará sobre la cohesión social, la atención a mayores, intervención con personas discapacitadas, envejecimiento, etc.

La ley andaluza de inclusión social contemplará la renta básica como derecho de todas las personas

La directora general de Servicios Sociales, Ana María Gómez, prevé la aprobación por el Parlamento Andaluz de la Ley de Inclusión en el primer semestre de 2010

La Escuela de Bienestar reivindica en su segunda jornada un sistema más humano y participativo de servicios sociales

La directora General de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía, Ana María Gómez Pérez, anunció hoy que la “esperada” ley de Inclusión Social será la primera norma que apruebe el Parlamento Andaluz en 2010, “coincidiendo con el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social”. "Si el siglo XIX se cerró con el problema de la pobreza, el siglo XX lo cerramos con la preocupación por la exclusión social como problema principal", aseguró. Precisó que su prioridad desde la Consejería de Igualdad y Bienestar Social es garantizar el acceso a los derechos sociales y situar el problema de la exclusión social en la agenda política, por lo que prevé que la ley se remita al Parlamento en el primer semestre del próximo año.

Esta norma regula el acceso a la renta básica como un derecho fundamental de todas las personas, “que no sólo se define como una prestación económica porque -aseguró- la renta básica por sí sola no va a conseguir la inclusión social plena, de las que todos somos protagonistas y se complementa con otras medidas”. Así, la renta básica se acompaña de un plan de inserción, “en el que las partes implicadas acuerdan medidas para evitar la exclusión social de la familia y recoge el compromiso tanto de la familia como de la Administración para alcanzar los objetivos de educación, acceso al sistema sanitario, vivienda, formación para el empleo, y resto de prestaciones”. La cuantía de la renta se sitúa en el 75 por ciento del IPREM -Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples-.

Gómez definió la exclusión social como “multidimensional”: económico, político -escasa participación y el acceso limitado a la educación, sanidad, vivienda y servicios sociales-, y social en la medida que provoca aislamiento y pérdida de redes sociales. “La exclusión conlleva la pérdida de derechos sociales”, afirmó. "Mi compromiso es el de dar una renta básica y diseñar planes de inclusión, pero debemos ser conscientes de que hay que trabajar desde la cercanía, por lo que reivindico el papel de los servicios sociales comunitarios", agregó.

La directora general concluyó citando al doctor Daniel Reventós: "Esta sociedad debe y puede ser más justa, y si no lo es o no puede serlo, todos tenemos que intentarlo de cualquier manera, por lo que nos tenemos que creer que los cambios son posibles para mejorar la calidad de vida de las personas".

Crisis
Por su parte, el catedrático Gregorio Rodríguez Cabrero aludió a la realidad de la crisis, que ha producido "estupor y parálisis social". En un país donde la crisis se agrava progresivamente y con ellas las incertidumbres, Rodríguez Cabrero reivindicó “el retorno a lo colectivo con más derechos sociales, a la política de consensos y al Estado”. Concluyó afirmando que la crisis actual es una amenaza para los servicios sociales “pero también una oportunidad histórica para avanzar en el reconocimiento al derecho a una renta básica, una intervención social de proximidad, unos servicios de calidad y un refuerzo del papel de los ayuntamientos a la hora de prestar servicios a las personas”.

El viceconsejero de Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, Fernando Fantova, aseguró que "la exclusión es algo que nos puede pasar a todos y lo tenemos que resolver entre todos, a través de un sistema más participativo que la Administración pública debe proteger y promocionar”.

Fantova afirmó que hay que reconstruir las políticas públicas “en clave más humana y más participativa contra un modelo consumista y dirigido al mercado”. La construcción del sistema público de servicios sociales para la promoción e inclusión social debe ser "más vivible y más humana", concluyó.

La Escuela se convierte en estos días en punto de encuentro de más de 300 profesionales de la red de servicios sociales, con 45 ponentes de alto nivel de los que la vicepresidenta de la Diputación, Juana María Rodríguez Masa, ha destacado su “gran profesionalidad” y que intervendrán a lo largo de 14 conferencias y mesas redondas, ocho talleres y grupos de discusión y un foro de medios de comunicación.

La intervención socioeducativa, la comunicación, la cohesión social, la discapacidad o el envejecimiento se abordarán también en los talleres y grupos de discusión que se celebrarán durante las tardes de la Escuela.

Fernando Fantova: nuevas respuestas a nuevas necesidades

Fernando Fantova comienza cuestionando las leyes de servicios sociales, "que tienen trampa porque parece que según ellas nos dedicamos a todo". Su tesis es que si los servicios sociales y sus profesionales no identificamos el objeto y el bien que protegemos, es muy difícil que entremos en los pilares del Estado de Bienestar. "Estamos en el tránsito de aportar el valor añadido desde los servicios sociales".

Según Fantova, estamos viendo que necesidades propias de los colectivos vulnerables estamos sufriéndolas todos, y para buscar el ajuste entre autonomía y vínculos sociales tenemos que generar un sistema que proteja ese bien. "Estamos diciendo a la gente que la exclusión es algo que nos pasa a todos y que lo tenemos que resolver entre todos, a través de un sistema más participativo y promoverlo y protegerlo desde la Administración".

Apunta a que debemos reconstruir las políticas públicas en clave más humana, más participativa, porque estamos ante un modelo más consumista y dirigido al mercado, pero si no introducimos la clave participativa y comunitaria no hacemos nada.

La construcción del sistema público de servicios sociales para la promoción e inclusión social debe ser "más vivible y más humana", concluye.

Los servicios sociales y la crisis económica: ¿cómo nos afecta?

El director general del Consorcio Fernando de los Ríos, Juan Francisco Delgado, antes de dar paso al segundo ponente del día, se refiere a la ley de Dependencia y apunta en la presentación algunas novedades sobre redes sociales y protección social.

A través de las redes sociales, Juan Francisco Delgado nos comenta que el modelo de gestión de la Ley de Dependencia se torna poco sostenible en la actualidad:

1. Sobre el papel de las administraciones: Los Ayuntamientos y las CCAA ejecutan la gestión del sistema. El esfuerzo normativo, organizativo y financiero puesto en marcha por la Administración General del Estado, las CC AA y los ayuntamientos es notable, si bien existen diferencias entre autonomías en el ritmo de aplicación, difícilmente justificable.

¿Tendremos que plantear volver a la necesidad de enmarcarlo en las prestaciones de la Seguridad Social como en Alemania?. Si -como aboga Rodríguez Cabrero- es necesario un liderazgo mayor de la Administración general del estado en un sistema autonómico como el español, significa eso que van a ceder competencias las CCAA? ¿Qué papel ha de jugar el tercer sector en este contexto? ¿Aportan más valor añadido a nuestra economía las empresas privadas a la gestión del sistema que el llamado tercer sector?

2.- Día si y dia no está puesto en entredicho la sustentabilidad del sistema. Ya hay reconocidas casi 700,000 personas en el sistema. De ellos casi 600,000 reciben ya una prestación. Ello demuestra el esfuerzo que se está haciendo en este sentido y la voluntad del Gobierno y de la mayoría de las CCAA y Ayuntamientos en aplicar la Ley. Pero en este momento de incertidumbre económica y cuando las puertas de las arcas del estado tienen a bancos, a empresas y a trabajadores llamando a su puerta y pidiendo prioridad en el reparto del ya mermado tesoro público …. Que pasará con la extensión de la Ley? Habremos de aumentar el gasto hasta llegar del 0,5% del PIB al 1%? De donde saldrá ese dinero, ante una caída tan importante de los ingresos del estado? ¿Cómo se lidia eso con los próximos PGE donde se anuncia importantes medidas de austeridad? Subida de impuestos? O corresponsabilidad? O quizás medidas que permitan reorientar nuestro marcado laboral hacía la formación y contratación de personal con poca cualificación hacía estos servicios? Combinación de la protección al desempleo con reorientación y/o recolocación de estas personas en este sector? Dice Gregorio Rodríguez Cabrero que los servicios de calidad exige empleos de calidad ¿es posible esto en la situación económica actual?

3.- El modelo español va decantándose hacía las prestaciones económicas frente a los servicios... ¿es correcto? ¿qué efectos no deseados pueden producirse? Es la antesala de una disgregación de un problema que hemos hecho colectivo y de la privatización del problema? Demuestra este hecho la deriva hacía lo privado por la tan cacareada falta de eficiencia de los servicios públicos? O es un modelo complementario que busca por encima la eficiencia del sistema? Porqué si miramos el mapa autonómico en cuanto a la aplicación de la gestión, hay algunas CCAA que apuestan claramente hacía las prestaciones económicas más que otras? ¿es esto una modificación del espíritu de la Ley?

Los servicios sociales han triplicado el empleo de otros sectores desde el 2005 y casi duplicará los casi 400.000 empleos. El catedrático Gregorio Rodríguez Cabrero alude a la realidad de la crisis, que ha producido "estupor y parálisis social". "Hay que volver a lo colectivo con los derechos sociales, a la política de consenso y al Estado en un país la crisis se agrava progresivamente y con ellas las incertidumbres".

Concluye Rodríguez Cabrero afirmando que la crisis actual es una amenaza para los servicios sociales pero también una oportunidad histórica hacia la convergencia con el modelo europeo de servicios sociales, en el sentido de avanzar en el reconocimiento al derecho a una prestación básica, potenciar una intervención social de proximidad, ofrecer servicios de calidad y reforzar el papel de los ayuntamientos.

La ley "esperada": inclusión social en Andalucía

Hoy martes, 16 de junio de 2008, a las 10 horas, la directora General de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía, Ana María Gómez Pérez, abre la segunda jornada de la Escuela de Bienestar con el debate sobre La Ley de Inclusión Social en Andalucía”. Presenta la conferencia la delegada en Granada de la Consejería para la Igualdad y Bienestar de la Junta de Andalucía, Magdalena Sánchez.

Antes de entrar en materia, La directora general valora la Ley de Inclusión Social como una ley "esperada". Dice que la exclusión social refleja la naturaleza dinámica y multidimensional de nuestra sociedad. "Si el siglo XIX se cerró con la pobreza, el siglo XX lo cerramos con el tema de la exclusión social como problema principal". La exclusión define las dificultades de personas y familias en varios ejes: el económico, político en torno a la participación y el acceso limitado a la educación, sanidad, vivienda y servicios sociales, y el eje de las relaciones sociales, que provoca aislamiento.

La exclusión conlleva la pérdida de derechos sociales. El compromiso de romper esta barrera en torno a los índices de exclusión social debe cambiar y ser prioritario en las agendas políticas. TAl y como marca el Estatuto de 2007, es un compromiso de la Junta de Andalucía con la idea de desarrollar estrategias de inclusión activa.

Actualmente, es un error mantener una visión del desarrollo basada en el crecimiento económico, debe centrar el foco en las potencialidades de las personas y los grupos sociales.

Hasta ahora el instrumento es el programa de Solidaridad, que garantiza la percepción de un salario y que lleva 20 años. Destacó la renta básica como derecho para todos los ciudadanos y ciudadanas.

Debemos seguir trabajando sobre las directrices que nos marca la Unión Europea sobre inclusión social. Es una prioridad de la Consejería todo lo relacionado con el acceso a los derechos sociales. Borrador sobre la mesa y esperando el informe del Consejo consultivo, volverá a pasar por comisión de gobierno para remitirlo al Parlamento.

Desea que en 2010 se apruebe esta ley coincidiendo con el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.

La Ley
La ley establece tres instrumentos fundamentales: la renta básica como prestación económica, el plan de inserción vinculado a la renta básica y medidas que implican a otros ámbitos de actuación como empleo, salud, educación o vivienda.

La ley contempla la renta básica como un derecho de ciudadanía fundamental, histórico. No sólo se define como una prestación económica sino que define los perceptores y amplía los requisitos del decreto de Solidaridad. Son unidades familiares o convivenciales, mayores de edad.

La cuantía es el 75 por ciento del IPREM. Va acompañada de un plan de inserción, un documento en el que las partes implicadas establecen medidas de carácter laboral y social para evitar la exclusión social de la familia. El plan recogerá el compromiso tanto de la familia como de la Administración para alcanzar los objetivos de educación, acceso al sistema sanitario, vivienda, formación para el empleo, y resto de prestaciones. "Se trata de diseñar conjuntamente para alcanzar una convivencia plena y resolver la exclusión social".

Según Gómez, somos todos protagonistas en los procesos de inclusión social. Aclara que la renta básica por sí sola no va a conseguir la inclusión social plena, la ley regula su acceso pero se complementa con el resto de medidas.

Se refirió especialmente a personas en situación de exclusión social como comunidad gitana, mujeres víctimas de malos tratos, personas sin hogar, etc.

En cuanto a las competencias, Gómez habló de un reparto de las mismas defendiendo el papel de la administración local. Reivindicó el protagonismo de los servicios sociales comunitarios como los servicios del territorio con mayor capacidad de tener una perspectiva global de todo lo que le ocurre a una persona, por su conocimiento y acercamiento a la realidad. "Mi compromiso es el de dar una renta básica y planes de inclusión pero debemos ser conscientes de que hay que trabajar desde la cercanía".

Finalizó con una cita de Daniel Reventós: "Comentaba que para poner en marcha proyectos son necesarios dos filtros: la deseabilidad ética y la viabilidad práctica desde la convicción de que esta sociedad debe y puede ser más justa, y si no lo es o no puede serlo, todos tenemos que intentarlo de cualquier manera, por lo que nos tenemos que creer que los cambios son posibles para mejorar la calidad de vida de las personas".