La ley andaluza de inclusión social contemplará la renta básica como derecho de todas las personas

La directora general de Servicios Sociales, Ana María Gómez, prevé la aprobación por el Parlamento Andaluz de la Ley de Inclusión en el primer semestre de 2010

La Escuela de Bienestar reivindica en su segunda jornada un sistema más humano y participativo de servicios sociales

La directora General de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía, Ana María Gómez Pérez, anunció hoy que la “esperada” ley de Inclusión Social será la primera norma que apruebe el Parlamento Andaluz en 2010, “coincidiendo con el Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social”. "Si el siglo XIX se cerró con el problema de la pobreza, el siglo XX lo cerramos con la preocupación por la exclusión social como problema principal", aseguró. Precisó que su prioridad desde la Consejería de Igualdad y Bienestar Social es garantizar el acceso a los derechos sociales y situar el problema de la exclusión social en la agenda política, por lo que prevé que la ley se remita al Parlamento en el primer semestre del próximo año.

Esta norma regula el acceso a la renta básica como un derecho fundamental de todas las personas, “que no sólo se define como una prestación económica porque -aseguró- la renta básica por sí sola no va a conseguir la inclusión social plena, de las que todos somos protagonistas y se complementa con otras medidas”. Así, la renta básica se acompaña de un plan de inserción, “en el que las partes implicadas acuerdan medidas para evitar la exclusión social de la familia y recoge el compromiso tanto de la familia como de la Administración para alcanzar los objetivos de educación, acceso al sistema sanitario, vivienda, formación para el empleo, y resto de prestaciones”. La cuantía de la renta se sitúa en el 75 por ciento del IPREM -Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples-.

Gómez definió la exclusión social como “multidimensional”: económico, político -escasa participación y el acceso limitado a la educación, sanidad, vivienda y servicios sociales-, y social en la medida que provoca aislamiento y pérdida de redes sociales. “La exclusión conlleva la pérdida de derechos sociales”, afirmó. "Mi compromiso es el de dar una renta básica y diseñar planes de inclusión, pero debemos ser conscientes de que hay que trabajar desde la cercanía, por lo que reivindico el papel de los servicios sociales comunitarios", agregó.

La directora general concluyó citando al doctor Daniel Reventós: "Esta sociedad debe y puede ser más justa, y si no lo es o no puede serlo, todos tenemos que intentarlo de cualquier manera, por lo que nos tenemos que creer que los cambios son posibles para mejorar la calidad de vida de las personas".

Crisis
Por su parte, el catedrático Gregorio Rodríguez Cabrero aludió a la realidad de la crisis, que ha producido "estupor y parálisis social". En un país donde la crisis se agrava progresivamente y con ellas las incertidumbres, Rodríguez Cabrero reivindicó “el retorno a lo colectivo con más derechos sociales, a la política de consensos y al Estado”. Concluyó afirmando que la crisis actual es una amenaza para los servicios sociales “pero también una oportunidad histórica para avanzar en el reconocimiento al derecho a una renta básica, una intervención social de proximidad, unos servicios de calidad y un refuerzo del papel de los ayuntamientos a la hora de prestar servicios a las personas”.

El viceconsejero de Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, Fernando Fantova, aseguró que "la exclusión es algo que nos puede pasar a todos y lo tenemos que resolver entre todos, a través de un sistema más participativo que la Administración pública debe proteger y promocionar”.

Fantova afirmó que hay que reconstruir las políticas públicas “en clave más humana y más participativa contra un modelo consumista y dirigido al mercado”. La construcción del sistema público de servicios sociales para la promoción e inclusión social debe ser "más vivible y más humana", concluyó.

La Escuela se convierte en estos días en punto de encuentro de más de 300 profesionales de la red de servicios sociales, con 45 ponentes de alto nivel de los que la vicepresidenta de la Diputación, Juana María Rodríguez Masa, ha destacado su “gran profesionalidad” y que intervendrán a lo largo de 14 conferencias y mesas redondas, ocho talleres y grupos de discusión y un foro de medios de comunicación.

La intervención socioeducativa, la comunicación, la cohesión social, la discapacidad o el envejecimiento se abordarán también en los talleres y grupos de discusión que se celebrarán durante las tardes de la Escuela.