Los ponentes de la Escuela de Verano de Bienestar defienden los derechos sociales como una garantía constitucional “que ninguna crisis puede mermar”

300 profesionales y expertos abren en Almuñécar la Escuela de Bienestar para analizar los cambios sociales y los nuevos derechos.

La Escuela de Bienestar pone sobre la mesa en esta nueva edición cuestiones de actualidad como los nuevos derechos -entre ellos, los servicios de atención a personas vulnerables en época de crisis o el papel de las instituciones para cubrir el aumento de la demandas de grupos en riesgo de exclusión social.

En la jornada inaugural han estado presentes el presidente de la Diputación de Granada, Antonio Martínez Caler, la secretaria general para la Atención a la Dependencia de la Junta de Andalucía, Purificación Causapié, y el vicerrector de Calidad Ambiental, Bienestar y Deporte de la Universidad de Granada, Pedro Espinosa, que agradeció especialmente a la Diputación “su estrecha colaboración con la Universidad de Granada para el desarrollo de este interesante debate que cada año se da en la Escuela”.

Antonio Martínez Caler destacó la calidad de los contenidos de esta edición y la participación de representantes de instituciones y profesionales que desde la Administración y entidades privadas “están realizando un esfuerzo importantísimo por reflexionar en esta Escuela sobre nuestros servicios sociales y los retos que plantean en la actualidad”

De la misma manera, Causapié aprovechó para dar la enhorabuena a la Diputación por la permanencia de la Escuela de Bienestar para tratar en ella temas de actualidad “que son realmente importantes para el sistema público de servicios sociales”.

La representante de la Junta abrió el debate sobre la configuración del sistema público de servicios sociales “sustentado en los derechos sociales” y aseguró que “estamos en un momento importante para afrontar esa reflexión sobre los derechos de ciudadanía, porque nuestro Estatuto da competencias a la Junta de Andalucía y su gobierno para trabajar en el desarrollo de los derechos sociales, un instrumento fundamental para su desarrollo pleno”, apuntó.

Recordó que el Estatuto trata los derechos relativos a la cohesión social, la integración social, la atención a las personas dependientes, discapacitadas, inmigrantes, entre otros colectivos. “Hay una necesidad de desarrollar politicas públicas para avanzar en los derechos sociales y, en este sentido, el Estatuto Andaluz desarrolla todo un capítulo referente a derechos sociales, por ejemplo, el derecho de las mujeres a protección integral contra la violencia de género, la protección social de la familia, de los menores o de los mayores para que reciban una atención integral, así como el derecho a la renta básica”.

Causapié confirmó que se han superado las 300.000 solicitudes para ayudas a la dependencia en Andalucía, “consiguiendo así que todos, incluyendo a los agentes sociales, el Tercer Sector Social y el sector privado trabajemos conjuntamente por la atención a las personas”.

Incidió también en el desarrollo normativo de una nueva ley de servicios sociales “que incorpore la dependencia en Andalucía”. Señaló este debate como “fundamental” porque “nos enfrentarnos a retos muy importantes, y debemos reflexionar sobre qué derechos sociales, en qué momento las personas son beneficiarias de estos derechos, qué suponen para toda la ciudadanía sabiendo que cada uno de nosotros puede ser beneficiario en un momento dado, qué financiación es necesaria, quién lo hace, etc.. y garantizar así que el sistema de servicios sociales sea universal con igualdad de oportunidades para todos en su acceso”.

Aseguró que en estos momentos de crisis, “a las personas se les genera incertidumbres y el Estado de Bienestar está para garantizar los derechos sociales a todos”.

Causapié concluyó citando al Nobel Amartya Sen, que afirmó que “la reflexión sobre la libertad sólo es posible cuando se une a la capacidad de subsistencia a la seguridad de contar con un sistema de protección social para combatir el miedo al futuro en momentos de crisis”.

Los servicios sociales en los nuevos Estatutos de Autonomía fue el tema de la mesa redonda de la jornada inaugural de la Escuela de Bienestar, con la participación de la subdirectora de Programación y Evaluación del ICASS –Institut Catalá d’Assistència i Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya-, Esther Rovira, y el consejero del Consejo Consultivo de Andalucía, Antonio Jara Andreu. Presentó y moderó el debate la diputada nacional y portavoz de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, María José Sánchez Rubio.

La representante de la Generalitat de Catalunya, Esther Rovira, valoró la gran aportación de la nueva ley de servicios sociales, "que supone el paso de una ley de beneficencia a reconocer que las personas tenemos derecho al acceso a los servicios sociales, tanto básicos como especializados, y garantista de derechos, un avance grande para los servicios sociales y los derechos de las personas”.

Recordó que la ley pone el acento en las necesidades de las personas, lo que supone que la administración más cercana a las personas tenga un protagonismo mayor, como son los ayuntamientos, y que obliga a descentralizar el acceso a los servicios.

Por su parte, la diputada María José Sánchez Rubio detalló que las comunidades autónomas están haciendo un esfuerzo importante por legislar sobre las necesidades básicas, y exige corresponsabilidad, participación y voluntad por parte de todos.

En la intervención más extensa de la jornada, Antonio Jara subrayó la relevancia del tránsito "de la beneficencia a los derechos", y el testimonio que da la Escuela de Bienestar de estos cambios a lo largo de sus catorce ediciones.